Balance de coyuntura y desafíos para el diálogo social entre actores del sector productivo
PRÓLOGO
La crisis por COVID 19 ha sido dramática y ha afectado drásticamente las condiciones de vida y de trabajo y la propia esperanza de la gente por un mejor futuro. Pero ésta, como otras, será una crisis temporal y la sociedad panameña superará los efectos devastadores y hará un gran esfuerzo para avanzar a una normalidad diferente hacia el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. No se debe olvidar que las crisis también constituyen oportunidades para un cambio positivo hacia el progreso económico y social.
La crisis sanitaria ha puesto de rodillas a los mercados y a las economías el mundo. Por décadas, las políticas económicas dominantes conllevaron al desmontaje progresivo de los sistemas de salud cuyo debilitamiento ha limitado la capacidad institucional de contención del COVID 19 y hoy la pandemia socaba los mercados con una gran recesión.
Panamá no es la excepción y la crisis ha evidenciado los grandes déficits del desarrollo que se venían arrastrando desde hace décadas. No se trata solamente del agotamiento del modelo de crecimiento dominante y su ciclo de desaceleración desde 2013, sino también de otros déficits que han reproducido las condiciones de desigualdad y pobreza que caracterizan al país.
El saldo neto de la crisis en la economía panameña se resume en una caída en el nivel de actividad económica que CEPAL estima en -11% para el 2020, afectando sensiblemente actividades que emplean mucha fuerza de trabajo. Hasta el tercer trimestre del año, la caída del PIB fue de -20.4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Para 2021 se espera un crecimiento positivo de 5%, pero la economía tendrá que esperar hasta 2022 – 2023 para recuperar el nivel de producción previo a la crisis.
El impacto de la crisis sobre el empleo no se podrá conocer a ciencia cierta con los datos disponibles a la fecha, debido a que la encuesta de mercado laboral 2020 del INEC presenta restricciones de comparabilidad con las previas. Esta encuesta se realizó telefónicamente entre septiembre y octubre de 2020 y no es comparable con la encuesta de agosto de 2019. Por esta razón en la presentación de sus resultados el INEC plantea que “las series de la Encuesta de Mercado Laboral anteriores al 2020, solo pueden ser tomadas como elementos referenciales”.
Teniendo en cuenta esas restricciones este boletín presenta un breve balance de los principales hallazgos de esta última encuesta, teniendo como referencia las limitaciones en la comparación con la de 2019 y las previas.
En una crisis como la que se vive en Panamá, la situación laboral cambia de manera continua en la coyuntura; y la condición de actividad económica dentro o fuera de la fuerza de trabajo ha variado mes a mes, con alta movilidad entre la actividad e inactividad laboral, entre el empleo asalariado y trabajo por cuenta propia, etc. Estos cambios están determinados por las medidas sanitarias y su efecto sobre la operación de las empresas y por el comportamiento de la demanda.
Un primer impacto claro de la crisis al comparar la situación en septiembre – octubre de 2020 con agosto de 2019, es que la misma provocó un efecto desaliento de la población en la búsqueda de empleo con una disminución en la fuerza de trabajo de aproximadamente 63 mil personas. Este comportamiento resulta usual en contextos de crisis ante la caída en las oportunidades de empleo.
El nivel de ocupación de la economía cayó en cerca de 290 mil empleos, la gran mayoría en el sector privado. Sin embargo, gran parte de las pérdidas de empleo podrían ser temporales, considerando que hacia fines de año e inicios de 2021, cerca de dos tercios del total de trabajadores con contratos suspendidos, siguen a la espera de que se les reactiven dichos contratos. Obviamente, que tal reactivación dependerá de los factores indicados.
El impacto más visible de la crisis ha sido un salto abrupto en la cifra de desempleados, que entre ambos períodos aumentó en más de 225 mil personas, llevando la tasa de desempleo desde 7.1% en agosto de 2019 a 18.5% en septiembre – octubre de 2020. Con este salto, el número de desempleados llega a cerca de 372 mil personas, cifra inédita en la historia laboral panameña.
El otro componente del costo de la crisis ha sido un aumento del empleo informal no agrícola en más de 60 mil personas, llevando la incidencia de la informalidad desde 44.9% a 52.8% en el período considerado. Sin embargo, quizás el costo más sensible no se mide y es el estrés y desesperación sentido por miles de trabajadores y emprendedores de PYMES por un futuro económico y laboral incierto.
La situación descrita en cifras es tan sólo una fotografía en el tiempo (septiembre -octubre de 2020). Inexplicablemente Panamá no cuenta con una encuesta continua de empleo ni con registros administrativos sólidos que permitan indicadores mensuales o trimestrales para monitorear la situación laboral del país. Esto es lamentable al iniciar la tercera década del siglo XXI, cuando países con menor dotación de recursos que Panamá cuentan con encuestas continuas de empleo.
El cierre del año 2020 en el ámbito laboral ha sido dramático y a pesar de las noticias alentadoras sobre la llegada de una vacuna eficiente, persiste la incertidumbre sobre la profundidad y duración de la crisis. No se sabe con certeza la magnitud del daño del tejido empresarial, se desconoce el número de empresas cerradas definitivamente y sobre las perspectivas de reapertura de otras. Así mismo, persiste una gran preocupación por el contexto macro que condiciona el funcionamiento de la economía, incluyendo las restricciones fiscales internas, la creciente presión del endeudamiento externo y las perspectivas de recuperación de la economía regional y mundial.
La recuperación de la economía y del empleo requiere en primer término superar la amenaza de la pandemia. Y esto depende no solo de una futura vacunación masiva que no se sabe cuando culminará. Depende en lo inmediato de la capacidad del sistema sanitario para contener y atender con eficiencia la explosión de contagios al cierre de 2020, para minimizar la tragedia humana y la paralización de la economía. Esto representa un gran desafío frente al agotamiento del sistema sanitario que amenaza con colapsar.
La recuperación económica también depende del impulso de un conjunto de políticas, programas y proyectos de impacto sobre la producción, la productividad y el empleo en sectores y actividades más afectadas por la crisis. Estas iniciativas no se deben improvisar y deben ser coherentes con el objetivo de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible en búsqueda de la equidad, como lo plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El margen de maniobra para avanzar hacia la recuperación y reactivación de la economía es estrecho. Frente a las limitaciones del sector privado, la atención se dirige a lo que se pueda hacer desde la inversión pública y otras medidas oficiales de estímulo; y se mira la reactivación de la construcción como un acelerador inmediato de la demanda agregada. Sin embargo, frente a las restricciones fiscales, la inversión pública deberá priorizar en infraestructuras que potencien la capacidad productiva del país en sectores prioritarios (agrícola, agroindustrial, turismo, etc.), el fomento del empleo y el desarrollo del capital humano (salud, educación – formación, agua potable, etc.).
El Órgano Ejecutivo ha convocado a un gran diálogo nacional por el bicentenario para cerrar las brechas estructurales del desarrollo. Si bien no hay claridad total sobre la metodología del proceso, actores participantes y criterios para armonizar y compatibilizar propuestas en función de la viabilidad y prioridades nacionales, sectoriales o territoriales, se trata de una iniciativa que se prolongará durante gran parte de 2021 y no está claro si responderá a prioridades de la coyuntura y de la recuperación. Los líderes del sector productivo tienen la esperanza de que esta iniciativa tenga resultados positivos y de impacto, y sobre todo, que los acuerdos se cumplan de manera efectiva.
Dadas las circunstancias, la FUNTRAB, como entidad natural de diálogo del sector productivo, ha iniciado un proceso de diálogo interno con el fin de identificar consensos para enfrentar los desafíos extraordinarios de la coyuntura y de la fase de recuperación; y abrir un camino de diálogo para avanzar hacia una nueva normalidad de un Panamá diferente, productivo, equitativo y justo.
La naturaleza intrínseca de la Fundación del Trabajo es el diálogo social y esta iniciativa no duplica esfuerzos con ningún otro ejercicio de diálogo y concertación que pueda darse en el país a otros niveles. La intención es propiciar consensos sobre temas sensibles de las relaciones laborales, el empleo, la capacitación y el contexto económico que condiciona lo laboral e impulsar propuestas consensuadas sobre normativas, buenas prácticas y códigos de conducta en la línea de la visión estratégica de la FUNTRAB de contribuir a un Panamá con relaciones laborales armónicas, con productividad y competitividad compartidas hacia el objetivo del trabajo decente.
Esta publicación ha estado bajo responsabilidad principal de Miguel Del Cid, Asesor de la FUNTRAB.
Boletín 14 – Perspectiva Laboral, Panamá 2020
Balance de coyuntura y desafíos para el diálogo social entre actores del sector productivo
PRÓLOGO
La crisis por COVID 19 ha sido dramática y ha afectado drásticamente las condiciones de vida y de trabajo y la propia esperanza de la gente por un mejor futuro. Pero ésta, como otras, será una crisis temporal y la sociedad panameña superará los efectos devastadores y hará un gran esfuerzo para avanzar a una normalidad diferente hacia el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. No se debe olvidar que las crisis también constituyen oportunidades para un cambio positivo hacia el progreso económico y social.
La crisis sanitaria ha puesto de rodillas a los mercados y a las economías el mundo. Por décadas, las políticas económicas dominantes conllevaron al desmontaje progresivo de los sistemas de salud cuyo debilitamiento ha limitado la capacidad institucional de contención del COVID 19 y hoy la pandemia socaba los mercados con una gran recesión.
Panamá no es la excepción y la crisis ha evidenciado los grandes déficits del desarrollo que se venían arrastrando desde hace décadas. No se trata solamente del agotamiento del modelo de crecimiento dominante y su ciclo de desaceleración desde 2013, sino también de otros déficits que han reproducido las condiciones de desigualdad y pobreza que caracterizan al país.
El saldo neto de la crisis en la economía panameña se resume en una caída en el nivel de actividad económica que CEPAL estima en -11% para el 2020, afectando sensiblemente actividades que emplean mucha fuerza de trabajo. Hasta el tercer trimestre del año, la caída del PIB fue de -20.4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Para 2021 se espera un crecimiento positivo de 5%, pero la economía tendrá que esperar hasta 2022 – 2023 para recuperar el nivel de producción previo a la crisis.
El impacto de la crisis sobre el empleo no se podrá conocer a ciencia cierta con los datos disponibles a la fecha, debido a que la encuesta de mercado laboral 2020 del INEC presenta restricciones de comparabilidad con las previas. Esta encuesta se realizó telefónicamente entre septiembre y octubre de 2020 y no es comparable con la encuesta de agosto de 2019. Por esta razón en la presentación de sus resultados el INEC plantea que “las series de la Encuesta de Mercado Laboral anteriores al 2020, solo pueden ser tomadas como elementos referenciales”.
Teniendo en cuenta esas restricciones este boletín presenta un breve balance de los principales hallazgos de esta última encuesta, teniendo como referencia las limitaciones en la comparación con la de 2019 y las previas.
En una crisis como la que se vive en Panamá, la situación laboral cambia de manera continua en la coyuntura; y la condición de actividad económica dentro o fuera de la fuerza de trabajo ha variado mes a mes, con alta movilidad entre la actividad e inactividad laboral, entre el empleo asalariado y trabajo por cuenta propia, etc. Estos cambios están determinados por las medidas sanitarias y su efecto sobre la operación de las empresas y por el comportamiento de la demanda.
Un primer impacto claro de la crisis al comparar la situación en septiembre – octubre de 2020 con agosto de 2019, es que la misma provocó un efecto desaliento de la población en la búsqueda de empleo con una disminución en la fuerza de trabajo de aproximadamente 63 mil personas. Este comportamiento resulta usual en contextos de crisis ante la caída en las oportunidades de empleo.
El nivel de ocupación de la economía cayó en cerca de 290 mil empleos, la gran mayoría en el sector privado. Sin embargo, gran parte de las pérdidas de empleo podrían ser temporales, considerando que hacia fines de año e inicios de 2021, cerca de dos tercios del total de trabajadores con contratos suspendidos, siguen a la espera de que se les reactiven dichos contratos. Obviamente, que tal reactivación dependerá de los factores indicados.
El impacto más visible de la crisis ha sido un salto abrupto en la cifra de desempleados, que entre ambos períodos aumentó en más de 225 mil personas, llevando la tasa de desempleo desde 7.1% en agosto de 2019 a 18.5% en septiembre – octubre de 2020. Con este salto, el número de desempleados llega a cerca de 372 mil personas, cifra inédita en la historia laboral panameña.
El otro componente del costo de la crisis ha sido un aumento del empleo informal no agrícola en más de 60 mil personas, llevando la incidencia de la informalidad desde 44.9% a 52.8% en el período considerado. Sin embargo, quizás el costo más sensible no se mide y es el estrés y desesperación sentido por miles de trabajadores y emprendedores de PYMES por un futuro económico y laboral incierto.
La situación descrita en cifras es tan sólo una fotografía en el tiempo (septiembre -octubre de 2020). Inexplicablemente Panamá no cuenta con una encuesta continua de empleo ni con registros administrativos sólidos que permitan indicadores mensuales o trimestrales para monitorear la situación laboral del país. Esto es lamentable al iniciar la tercera década del siglo XXI, cuando países con menor dotación de recursos que Panamá cuentan con encuestas continuas de empleo.
El cierre del año 2020 en el ámbito laboral ha sido dramático y a pesar de las noticias alentadoras sobre la llegada de una vacuna eficiente, persiste la incertidumbre sobre la profundidad y duración de la crisis. No se sabe con certeza la magnitud del daño del tejido empresarial, se desconoce el número de empresas cerradas definitivamente y sobre las perspectivas de reapertura de otras. Así mismo, persiste una gran preocupación por el contexto macro que condiciona el funcionamiento de la economía, incluyendo las restricciones fiscales internas, la creciente presión del endeudamiento externo y las perspectivas de recuperación de la economía regional y mundial.
La recuperación de la economía y del empleo requiere en primer término superar la amenaza de la pandemia. Y esto depende no solo de una futura vacunación masiva que no se sabe cuando culminará. Depende en lo inmediato de la capacidad del sistema sanitario para contener y atender con eficiencia la explosión de contagios al cierre de 2020, para minimizar la tragedia humana y la paralización de la economía. Esto representa un gran desafío frente al agotamiento del sistema sanitario que amenaza con colapsar.
La recuperación económica también depende del impulso de un conjunto de políticas, programas y proyectos de impacto sobre la producción, la productividad y el empleo en sectores y actividades más afectadas por la crisis. Estas iniciativas no se deben improvisar y deben ser coherentes con el objetivo de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible en búsqueda de la equidad, como lo plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El margen de maniobra para avanzar hacia la recuperación y reactivación de la economía es estrecho. Frente a las limitaciones del sector privado, la atención se dirige a lo que se pueda hacer desde la inversión pública y otras medidas oficiales de estímulo; y se mira la reactivación de la construcción como un acelerador inmediato de la demanda agregada. Sin embargo, frente a las restricciones fiscales, la inversión pública deberá priorizar en infraestructuras que potencien la capacidad productiva del país en sectores prioritarios (agrícola, agroindustrial, turismo, etc.), el fomento del empleo y el desarrollo del capital humano (salud, educación – formación, agua potable, etc.).
El Órgano Ejecutivo ha convocado a un gran diálogo nacional por el bicentenario para cerrar las brechas estructurales del desarrollo. Si bien no hay claridad total sobre la metodología del proceso, actores participantes y criterios para armonizar y compatibilizar propuestas en función de la viabilidad y prioridades nacionales, sectoriales o territoriales, se trata de una iniciativa que se prolongará durante gran parte de 2021 y no está claro si responderá a prioridades de la coyuntura y de la recuperación. Los líderes del sector productivo tienen la esperanza de que esta iniciativa tenga resultados positivos y de impacto, y sobre todo, que los acuerdos se cumplan de manera efectiva.
Dadas las circunstancias, la FUNTRAB, como entidad natural de diálogo del sector productivo, ha iniciado un proceso de diálogo interno con el fin de identificar consensos para enfrentar los desafíos extraordinarios de la coyuntura y de la fase de recuperación; y abrir un camino de diálogo para avanzar hacia una nueva normalidad de un Panamá diferente, productivo, equitativo y justo.
La naturaleza intrínseca de la Fundación del Trabajo es el diálogo social y esta iniciativa no duplica esfuerzos con ningún otro ejercicio de diálogo y concertación que pueda darse en el país a otros niveles. La intención es propiciar consensos sobre temas sensibles de las relaciones laborales, el empleo, la capacitación y el contexto económico que condiciona lo laboral e impulsar propuestas consensuadas sobre normativas, buenas prácticas y códigos de conducta en la línea de la visión estratégica de la FUNTRAB de contribuir a un Panamá con relaciones laborales armónicas, con productividad y competitividad compartidas hacia el objetivo del trabajo decente.
Esta publicación ha estado bajo responsabilidad principal de Miguel Del Cid, Asesor de la FUNTRAB.
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